El perfil socio-económico de la Argentina actual ofrece un amplio campo de análisis cuyas implicancias creemos debe ser puestas de relieve en el marco de las políticas públicas de carácter estratégico en materia de educación y trabajo. Los desafíos pendientes en ambos universos deberían, cuanto menos, habilitar un debate acerca de la re-estructuración del sistema educativo argentino.
En este sentido, es importante destacar las tensiones que se evidencian en torno a los sectores involucrados, que van desde lo conceptual hasta en el campo de la práctica. En principio, todo proyecto educativo supone un proceso con arreglo a fines estratégicos; sin embargo, dadas las fluctuaciones de la llamada “sociedad global”, no es posible pensar una relación de subordinación de los procesos educativos para dar respuestas –individuales y colectivas- a las dinámicas variables de lo productivo. Resulta fundamental pensar los ámbitos de la educación y del trabajo como ámbitos de mutua interdependencia. Hecha esta salvedad, es posible pensar políticas públicas de carácter estratégico con mayor margen de maniobrabilidad y precisión.
A la luz de dichas consideraciones, es posible armonizar los ámbitos de la educación y del trabajo desde las lógicas de la racionalidad y, por ende, desde lo institucional. A nivel internacional se ha llegado a un conjunto de acuerdos y presupuestos básicos acerca de la necesidad de articulación entre educación y trabajo, que incluyen aspectos fundamentales tales como una educación que garantice destrezas elementales, formaciones específicas y el desarrollo de competencias laborales.
En nuestro país se hace necesaria una redefinición del sistema educativo en materia de educación técnica y formación para el trabajo; la capacitación continua y de calidad para los docentes; la armonización con los ámbitos en materia de ciencia y tecnología y la efectiva asignación de recursos en aras de una política educativa vinculada hacia lo laboral. Se hace también necesaria la apertura de un debate societario general, amplio e inclusivo de los actores involucrados. Ello implica el diseño de instancias estatales sofisticadas, capaces de convocar a los sectores intervinientes (a nivel educativo, laboral y productivo) y concretar las exigencias urgentes de una mayor calidad en la apropiación de técnicas y saberes socialmente necesarios.
Por otro lado, la necesidad de este debate cobra mayor relevancia en un contexto en el que la población económicamente activa -sobre todo en el caso de los jóvenes- padece grandes dificultades para acceder al mercado laboral. La reformulación de las alianzas público-privadas debe orientarse hacia la búsqueda de respuestas para un sector de la población que demanda no sólo puestos de trabajo, sino que además precisa de una formación continua capaz de adaptarse y superar los obstáculos que ofrece el contexto actual.
Más allá de ciertas complejidades que presenta la caracterización del momento actual en materia socio-económica, debemos decir que el trabajo debería constituir la culminación de los largos procesos anteriores de educación y socialización procurados en los ámbitos familiar y escolar. Pero en la actualidad –lamentablemente- la etapa de finalización de la escuela secundaria, el terciario o la universidad encuentra a los jóvenes de nuestro país situados en un contexto en el que no encuentran ese esperado primer empleo. Este escenario se torna más complejo cuando el desempleo y la marginalización obligan a muchas familias a prescindir de la escolarización de sus hijos para sobrevivir en el circuito de la sub-ocupación. Esto demanda respuestas urgentes no sólo por parte del Estado, sino también de los sectores productivos, ya que ambas instancias son fundamentales en la generación de un contexto apropiado para la realización individual y colectiva.
Por ello, el diseño de políticas de intervención sobre los saberes socialmente necesarios -conforme a la relación educación-mercado de trabajo- que marca el ritmo de las dinámicas sociales según las demandas de educación y formación de carácter específico, debe instar al Estado a la creación de las políticas sociales necesarias para satisfacerlas, vinculando lo educativo y lo laboral; al sector privado oferente de educación y formación; al sector empresario; a empleados de recursos humanos; a los sindicatos organizados, a los movimientos sociales emergentes -derivados de situaciones social críticas- y a la sociedad en general. Esto supone potenciar la idea de “educar para educarse“y estimular la capacidad y disposición de la sociedad para aprender y seguir aprendiendo durante toda la vida, reforzando la idea de un proyecto individual que contribuye a la realización de un proyecto colectivo.
