Sin lugar a dudas, el fenómeno de la corrupción ha emergido como un factor disruptivo en la realidad nacional e internacional. En la actualidad, no existe país, región o continente se encuentre exento de esta problemática que se multiplica considerablemente en los distintos niveles del Estado. Ante tales fenómenos, los esfuerzos combinados de los actores políticos para erradicar este flagelo parecen ser insuficientes. De allí se desprende que, en las reflexiones sobre políticas públicas que se han producido hasta el momento, el fenómeno de la corrupción aparece como una materia ineludible, una problemática que exige respuestas urgentes por parte de la sociedad.

En nuestro país, el debate en torno al fenómeno de la corrupción ha merecido variadas y profundas reflexiones políticas durante los últimos 20 años. Muchas de ellas han colocado al sistema político y a la acción de los funcionarios en el ojo de la tormenta, obligándolos a prestar debates de fondo. Tales fueron los casos del Incendio de República Cromañón (Diciembre de 2004), en el que murieron 194 personas; el accidente ferroviario en la Estación de Once (Febrero de 2012), en el que fallecieron 51 personas; y las recientes inundaciones ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, que se cobró la vida de al menos 57 personas. En todos los casos, la trama de las responsabilidades políticas (individuales y colectivas) se puso sobre el tapete, y todavía no han madurado las condiciones para un debate profundo. Gran parte de esta responsabilidad recae tanto en los actores políticos como en los medios de comunicación.

Nuestro país ha escrito grandes capítulos en la historia de la corrupción en este sentido –sobre todo durante la década del ’90-; basta con consignar el lavado de dineros mal habidos en los llamados “paraísos fiscales”, la existencia de monopolios consentidos por el poder político, la evasión impositiva, las licitaciones pre-acordadas de grandes obras públicas, el endeudamiento del estado para favorecer a los privados, el remate de las otrora empresas públicas, etc.

Por caso, recientemente una investigación periodística de inusitada contundencia sobre lavado de dinero (llevada a cabo por el periodista Jorge Lanata) colocó nuevamente en el centro de la escena al poder político gobernante: Las presuntas maniobras del empresario santacruceño Lázaro Baéz para el blanqueo de capitales (se cree que la maniobra alcanza los 55 millones de Euros) a través de firmas offshore constituidas en “paraísos fiscales”. Lázaro Báez, es el mayor concesionario de obras públicas de la Prov. de Santa Cruz –es titular de la empresa Austral Construcciones S.A- y posee millonarias inversiones en petróleo, tierras y turismo. Su ascenso económico se movió al compás del ascenso político de Néstor Kirchner; pasó de ser empleado bancario a empresario de la construcción, cuyos negociados se facilitaron gracias a sus contactos con el Estado.

Más allá de los derroteros por los que transite la denuncia periodística, es necesario señalar que estos hechos tienen lugar a pocos días de las colosales tormentas que terminaron con la vida de decenas de personas en la Prov. de Buenos Aires, una situación que podría haberse evitado en la medida de que las decisiones políticas hubieran apuntado a la resolución de cuestiones fundamentales. Lo indigerible de ambas postales puestas en contexto demuestran que persisten modos de concebir la política como la acumulación de poder motivada por fines estrictamente personalistas, caracterizados por un modo de gestionar cargado de alto nivel de improvisación, cortoplacismo y falta de capacidad de respuesta ante situaciones que demandan soluciones de fondo.

Por otro lado, hechos como el citado colisionan estrepitosamente con las retóricas épicas elaboradas por el poder comunicacional del gobierno nacional y sus usinas intelectuales, y sus alcances se desdibujan en cuanto se los contextualiza con la realidad social actual de nuestro país, ya que se hace evidente la tensión que existe entre los imaginarios emancipatorios confrontados con la corrupción estructural y sus correlativos escenarios de vulnerabilidad social y extrema pobreza.

Las consecuencias de la corrupción en el plano cultural son nefastas, y van desde la resignación hasta la naturalización. La aceptación del hecho corrupto como condición necesaria del ejercicio político ha calado hondo en nuestra sociedad, y es necesario desactivar esta concepción también desde una mirada estratégica, ya que no van a ser los discursos ni las teorizaciones las herramientas para modificarla, sino la acción concreta de personas honestas y capaces para ejercer la función pública, en un marco en el que la única forma de ejercerla se dé en los marcos de la ética ciudadana.

Estamos convencidos de que debemos combatir la corrupción con estrategias emergentes de las discusiones colectivas, de participación plena, sumando las perspectivas y los aportes de todos los actores sociales, teniendo en cuenta el aporte de las distintas disciplinas que contribuyan a la construcción de acciones estratégicas para combatir este flagelo que tanto afecta a nuestros compatriotas y que llega a matar a través de niño/as desnutridos, falta de acceso a la salud pública, condiciones inhumanas de viviendas, falta de agua potable y un sinfín de problemas que trae aparejado la corrupción a expensas de la sociedad, donde los únicos que ganan son algunos gobernantes y algunos empresarios.

Es hora de decir basta, que la sociedad tome conciencia que hoy nuestros males y pesares es producto de la corrupción y ésta es la que nos mata y la que debemos combatir.